La emergencia constitucional no es una respuesta disvaliosa ni contralógica de la Constitución, sino una armadura para articular con flexibilidad y transitoriedad el reequilibrio de poderes, de competencias, de libertades y derecjhos, afectados por circunstancias políticas. La equidad institucional que tutela la Constitución con su ordenación de las magistraturas y con el otorgamiento de competencias y atribuciones de poder público, necesita de esas herramientas de emergencia para el saneamiento y la rectificación de la marcha de las cosas públicas, siempre dentro del orden jurídico, del Estado de Derecho, de la legalidad, para preservar la salud de la República y la Democracia.